Desde que echó a andar el Gobierno de coalición "progresista", han sido frecuentes los episodios de agrios desencuentros entre PSOE y Sumar.
En algunos casos, las desavenencias han llegado a recrudecerse hasta la descalificación personal, como en el contencioso mantenido entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo por la reducción de la jornada laboral. Y en los últimos meses, se han hecho cada vez más explícitas. Es el caso del reciente pulso público entre Díaz y María Jesús Montero a cuenta de la tributación del salario mínimo.
Ahora este fuego amigo ha llegado hasta los tribunales. Con la denuncia de una parte del Gobierno a la otra, la disociación de este gabinete bicéfalo ha escalado a una nueva cota.
Sumar ha registrado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En ella solicita que se investigue si se está enviando armamento a Israel desde España. Y que se determine la responsabilidad "de cualquier persona física o jurídica [...] en la posible perpetración de un crimen de genocidio contra la población palestina".
Es decir, de los ministerios de la rama socialista del Gobierno.
Enrique Santiago, en nombre de la formación de Yolanda Díaz, afirma tener indicios de la salida, desde la base aérea de Zaragoza, de vuelos con material militar y con destino a Israel. Y argumenta que eso va en contra de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia.
No es ni mucho menos la primera vez que Sumar, abanderado antisionista de la causa palestina, ha comprometido la posición del Gobierno ante Israel por sus ataques hiperbólicos contra Netanyahu. Ni tampoco la primera vez que han hecho patentes los enfoques antitéticos de política exterior con sus socios del PSOE.
Basta con recordar la resistencia de Sumar al "belicista" incremento del gasto militar que persigue Sánchez, llegando a votar el mes pasado en el Congreso de los Diputados a favor de que España salga de la OTAN.
Pero que uno de los partidos del Ejecutivo esté denunciando de forma velada a sus compañeros del Consejo de Ministros, conjeturando que podrían haber sido cómplices de la comisión de crímenes de guerra y de violaciones de los derechos humanos, va mucho más allá de la falta de decoro que debería guardar un Gobierno al lidiar con sus controversias internas.
Es una judicialización, inaudita en cualquier país serio, de la falta de sintonía geoestratégica entre los componentes del Gobierno, incompatible con una acción exterior colegiada. Y un movimiento que promete seguir enrareciendo las relaciones con un país al que Sánchez ya ha desairado de forma imprudente con anterioridad.