- Tribunales Pumpido fija para la próxima semana el "debate jurídico" sobre la actuación de la Audiencia de Sevilla en el 'caso ERE'
- El mentidero de las Salesas El presidente del TJUE advirtió ante Conde-Pumpido en la sede del Constitucional que no cabe "impedir" a un juez español ir a Europa
Disparidad de criterios entre los fiscales de Sevilla del caso ERE y la Fiscalía del Tribunal Supremo que dirige la teniente Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general, Álvaro García Ortiz.
Las diferencias entre ambos departamentos del Ministerio Público giran en torno a la pertinencia de plantear una cuestión prejudicial ante la justicia europea después de que el Tribunal Constitucional revocase en julio de 2024, total o parcialmente, las principales condenas por el mayor caso de corrupción de la historia de España.
Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, los fiscales del caso ERE, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, remitieron un informe interno a la Fiscalía del Tribunal Supremo donde se mostraron a favor de que se plantee por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Egocheaga y Fernández Guerra son los fiscales Anticorrupción asignados a la causa de los ERE y quienes defendieron las condenas en el juicio de la denominada pieza política donde primero, la Audiencia de Sevilla, y, después, el Tribunal Supremo condenó a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso fraudulento de casi 700 millones de euros de fondos públicos.
INSTRUCCIÓN DE FISCALÍA
Las fuentes consultadas explican que en virtud de la instrucción 1/2016 de la Fiscalía General del Estado corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo fijar criterio sobre la cuestión prejudicial que la Audiencia de Sevilla prevé elevar al TJUE en los próximos días. La citada instrucción recoge que «la Fiscalía ante la que se tramita el procedimiento habrá de ponerse en contacto con el Fiscal de Sala Jefe del área correspondiente (civil, penal, contencioso o social) para solicitar instrucciones sobre el contenido del informe a emitir, atendiendo al orden jurisdiccional en el que se plantee».
En cumplimiento de esta instrucción, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, envió hace días al fiscal de Sala de Penal del Tribunal Supremo, José Javier Huete, la providencia dictada por el tribunal de los ERE, pidiendo alegaciones a las partes, entre ellas al Ministerio Fiscal. Huete solicitó entonces que los fiscales de Sevilla elaboraran una nota interna analizando si se debía o no llevar el fallo del TC ante el TJUE. Según informan fuentes fiscales, en ese informe, los fiscales del caso ERE se mostraron a favor de plantear la cuestión prejudicial que ha preocupado sobremanera en los últimos días al actual presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
Los fiscales Egocheaga y Fernández Guerra consideran que las sentencias del TC han podido vulnerar el derecho de la Unión Europea y la doctrina del TJUE sobre la protección de fondos públicos, al vaciar de contenido el delito de malversación cometido por los Gobiernos socialistas en Andalucía.
Sin embargo, el fiscal Huete, tras consultar con sus superiores jerárquicos, ha enviado a los fiscales de Sevilla un informe, fechado el 30 de marzo, de 17 páginas de extensión, donde se destaca que el Constitucional no se ha extralimitado en sus funciones al dictar las sentencias del caso ERE. Asimismo, el documento sostiene que la primacía del Derecho de la Unión no obsta para que los órganos nacionales defiendan la legalidad penal. Además, el informe descarta el planteamiento de una cuestión prejudicial al entender que las sentencias del Constitucional cumplen con los estándares de protección de legalidad. También enmarca las sentencias de la corte de garantías dentro del margen de control que debe llevar a cabo el máximo intérprete de la Carta Magna.
Estas instrucciones de la Fiscalía del Alto Tribunal serán ahora analizadas por los fiscales del caso ERE, quienes recibieron ayer el informe firmado por el fiscal Huete.
Por su parte, Conde-Pumpido fijó para el Pleno de la próxima semana el «debate jurídico» para dar una respuesta a la actuación de la Audiencia de Sevilla. En el orden del día figura deliberar sobre «el deber de velar por el cumplimiento efectivo» de las resoluciones del Constitucional.